Morelia, Michoacán, 16 de julio de 2026.- Después de más de cinco décadas de búsqueda de justicia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el Estado mexicano es responsable por la desaparición forzada de cinco integrantes de la familia p’urhépecha Guzmán Cruz durante la llamada Guerra Sucia, hechos que calificó como delitos de lesa humanidad. Ante la falta de cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el organismo internacional, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) exigió que el caso sea remitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La resolución fue presentada este miércoles durante una rueda de prensa encabezada por Pavel Ulianov Guzmán, vocero del CSIM, quien afirmó que, pese al pronunciamiento de la CIDH, el Gobierno de México no ha realizado acciones concretas para reparar el daño, esclarecer los hechos o sancionar a los responsables.
Los hechos ocurrieron entre 1974 y 1976, cuando José de Jesús Guzmán Jiménez y sus hijos Amafer, Solón Adenauer, Venustiano y Armando Guzmán Cruz, originarios de la comunidad indígena de Tarejero, fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano y de la entonces Dirección Federal de Seguridad (DFS). De acuerdo con la documentación presentada por la organización, las víctimas fueron torturadas y posteriormente desaparecidas.
Cuatro de los integrantes de la familia fueron trasladados a la 21 Zona Militar, en Morelia, y después al Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México, mientras que Venustiano Guzmán fue llevado a la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta, en Acapulco, Guerrero. Desde entonces, no se conoce su paradero.
Durante la conferencia, Pavel Ulianov Guzmán recordó que la familia ha sostenido una lucha jurídica de 52 años ante instancias nacionales e internacionales. El caso fue presentado ante la CIDH en 2006, admitido en 2013 y, tras diversas diligencias, el organismo emitió en agosto de 2025 su Informe de Fondo, en el que determinó que el Estado mexicano violó los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, la protección de la familia y las garantías judiciales.
La CIDH también estableció que el Estado incumplió su obligación de prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada. Aunque el Gobierno mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por las desapariciones, no aceptó responsabilidad por las torturas, el hostigamiento posterior contra la familia ni por las deficiencias en las investigaciones.
Entre las recomendaciones del organismo internacional destacan la reparación integral del daño, atención médica y psicológica para las víctimas indirectas, el esclarecimiento del paradero de los desaparecidos, la sanción de los funcionarios responsables de negar justicia y la adopción de medidas que eviten la repetición de este tipo de violaciones graves a los derechos humanos.
Sin embargo, el vocero del CSIM denunció que, a casi un año de la notificación del informe, el Estado mexicano no ha cumplido ninguna de las recomendaciones y, por el contrario, ha solicitado prórrogas que retrasan el acceso a la justicia.
“Después de 52 años, la familia Guzmán sigue esperando memoria, verdad y justicia. La justicia tardía deja de ser justicia”, expresó Pavel Ulianov Guzmán al reiterar la exigencia de que el caso de Amafer Guzmán sea enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ese tribunal emita una sentencia vinculante contra el Estado mexicano.
El Consejo Supremo Indígena de Michoacán sostuvo que este caso representa uno de los primeros antecedentes documentados de desaparición forzada en Michoacán y advirtió que su resolución será un precedente para las víctimas de la Guerra Sucia y para la lucha contra la impunidad en el país.
