No hay inmunidad, no existe manto protector, aseguró Alfredo Ramírez Bedolla.
Las adjudicaciones directas son de 7 inmuebles con un monto mayor a 970 millones de pesos, y se sigue sumando.
“Encarcelénme”, aseveró Silvano en una entrevista con Ciro Gómez Leyva, asegurando que el oficialismo encontraría la manera de hacerlo, mientras que para los michoacanos era un acto de justicia que se tiene pendiente, pues Silvano Aureoles está prófugo de la justicia.
Morelia, Michoacán, 3 de marzo de 2025. -En rueda de prensa matutina, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, a través de la contralora del estado, Azucena Marín, declaró: “En 2016 y 2017 se encontró una adjudicación directa con vicios, los cuales se pudieron acreditar. Además, había proyectos ejecutivos inexistentes. La empresa en ese momento no comprobó la propiedad de los predios donde se construyeron los cuarteles, y los convenios modificatorios de mantenimiento se realizaron sin evidencia de los servicios”. El 28 de septiembre de 2021, dos días antes de concluir la administración, se hicieron las dispersiones de los pagos a la empresa. Además, justo en esas fechas se trataron de protocolizar las compraventas en una notaría en la Ciudad de México.La actual administración, a través de la Secretaría de la Contraloría, inició la auditoría de cuarteles en noviembre de 2021. “Por instrucciones del gobernador, nos dimos a la tarea de investigar todas esas adquisiciones, mencionó, todos esos servicios, todo eso que se estuvo proporcionando, en contraste con las instalaciones y en contraste con los servicios de primer nivel que se suponía que iban a tener los elementos que iban a habitar esos cuarteles”.
“Nos encontramos con espacios ilimitados de muchísima gama y la patente no era lo que se había adquirido. Por eso, el 16 de febrero de 2022, se presentó la denuncia penal por parte de la Secretaría de Contraloría ante la Fiscalía General de la República”. “A la par, también iniciamos mesas de trabajo de investigación con la UIF y las fiscalías especializadas”, declaró , Marín,; El proceso de judicialización en junio de 2023 acumuló las carpetas, ya que se estaban investigando por diversas auditorías que se habían realizado. Investigaciones que se tenían a la par, menciono.
También en 2023 se presentó por parte de la Auditoría Superior de la Federación un reporte por daño de $1052,222,000, y esto también se acumuló. En 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera envió vista de los resultados de la investigación que ella había realizado a la Fiscalía General de la República. A solicitud de la Fiscalía, un total de 31 servidores públicos de la Secretaría de la Contraloría y de la Secretaría de Seguridad Pública se han presentado en la Ciudad de México en calidad de testigo. En febrero de 2024 se logró el aseguramiento por parte de la Fiscalía General de la República del aseguramiento precautorio de los siete inmuebles donde se encuentran los cuarteles.
Como resultado de ello, la jueza federal dictó órdenes de aprehensión en contra de varios servidores públicos identificados como presuntos implicados: Carlos N., exsecretario de Finanzas; Antonio N., exsecretario de Seguridad Pública; Elizabeth N., exdelegada administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública, y Mario N., delegado administrativo.
La auditoría que iniciamos en noviembre de 2021 derivó en la presentación de una denuncia penal en 2022, y el trabajo continuo y permanente que se ha realizado a través de la Contraloría y en colaboración con varias dependencias de nuestra administración ha permitido conocer la corrupción que se venía desarrollando en la administración pasada, concluyó.
Por su parte, el gobernador del estado mencionó que “no se trata de una revancha, sino de justicia”, y que “pertenecer a un gobierno no significa que habrá impunidad”, aseguró.
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