Morelia, Michoacán, 12 de enero de 2026.— Ciudadanos de diversas comunidades del municipio de Salvador Escalante manifestaron públicamente su rechazo a la implementación de autogobiernos, al considerar que representan un retroceso y que el proceso se ha impulsado sin consulta previa ni consenso social.
Habitantes de comunidades como El Querétaro, La Puerta, Casas Blancas, Tzitzicucho, Turirán, San Gregorio y Felipe Tzintzun denunciaron una serie de irregularidades en las asambleas ejidales donde presuntamente se avalaron estos modelos de organización.
Señalaron que se registraron votos inexistentes, padrones inflados y una discrepancia entre el número real de habitantes y las cifras utilizadas para validar las decisiones.
De acuerdo con los inconformes, en algunas comunidades la población no rebasa las 700 personas; sin embargo, se reportaron hasta 770 votos favorables en asambleas, lo que —aseguran— evidencia manipulación del proceso. También acusaron la compra de sellos oficiales y acuerdos previos para influir en los resultados de las votaciones.
Uno de los señalamientos más graves apunta a un evento realizado el 19 de mayo, convocado bajo el argumento de un festejo por el Día de las Madres, en el que se entregaron utensilios de plástico a los asistentes. Según los denunciantes, durante el acto se pidió a las personas levantar los obsequios para tomar una fotografía, la cual posteriormente habría sido utilizada como prueba de una supuesta votación a mano alzada.Los ciudadanos también rechazaron la versión de que los promotores del autogobierno hayan ganado múltiples procesos legales contra el ayuntamiento de Salvador Escalante, afirmando que dichas resoluciones no existen o han sido tergiversadas.
Asimismo, denunciaron amenazas directas y personales derivadas de intereses económicos, al señalar que el presupuesto en disputa asciende a aproximadamente 28 millones de pesos. Indicaron que el organismo que impulsa el autogobierno no cuenta con una constitución legal clara y que, en realidad, opera como un comité sin reconocimiento institucional.
Advirtieron que uno de los principales riesgos es la pérdida de la institucionalidad y de la capacidad administrativa. Señalaron que, actualmente, los recursos y las obras sí llegan a las comunidades, mientras que con el nuevo esquema se teme un deterioro en la atención de servicios y en la movilidad, especialmente para personas adultas mayores que requieren trasladarse a otras localidades para realizar trámites administrativos.Finalmente, recalcaron que más de la mitad de los pobladores no acudieron a las asambleas, por lo que —aseguran— no existió el cuórum necesario para tomar decisiones de tal magnitud. “Respetamos a quienes desean el autogobierno, pero exigimos que se nos deje fuera”, concluyeron los representantes de las comunidades inconformes, quienes reiteraron su llamado a que se respeten sus derechos y se garantice un proceso transparente y verdaderamente participativo.
