El colectivo de periodistas #NiUnoMás Michoacán rechaza de manera categórica la reforma al Código Penal del Estado de Michoacán aprobada por mayoría este 28 de mayo por la LXXVI Legislatura local, debido a que constituye una amenaza grave y latente contra la libertad de expresión, la crítica pública, la expresión artística, la organización ciudadana y la participación política.
La incorporación de la fracción IX al artículo 24, junto con la adición del artículo 163 quinquies y el nuevo Capítulo VII, bajo el título de “Provocación a cometer un delito y apología de éste o de algún vicio”, configura un tipo penal ambiguo y de interpretación expansiva que puede ser utilizado para vigilar, sancionar o inhibir las ideas, la crítica, así como el disenso social y político.
Un lenguaje jurídico impreciso y peligroso
Términos como: “expresen ideas, promocionen o expongan argumentos por cualquier medio que incentiven la criminalidad” carecen de un marco interpretativo objetivo y acotado. La redacción introduce términos vagos, “ideas”, “argumentos”, “cualquier medio”, “alusión”, “promoción”, que dejan al arbitrio de ministerios públicos y jueces la interpretación subjetiva de cuándo una expresión constituye una conducta delictiva.
Este tipo de lenguaje permite criminalizar el contenido discursivo sin atender al contexto, la intención comunicativa ni la finalidad social del mensaje, violentando así el principio de claridad normativa penal, piedra angular del Estado de Derecho.
La simulación de una excepción insuficiente
Aunque el dictamen contempla una excepción para quienes informen “en ejercicio de su profesión u oficio periodístico, atendiendo al derecho a la información”, artículo 163 sexies, esta redacción es, además de ambigua, insuficiente y tramposa.
Primero, porque limita la protección al ámbito noticioso tradicional, sin considerar que el derecho a la libertad de expresión, reconocido en tratados internacionales vinculantes como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se reduce al derecho a la información ni al ejercicio profesional del periodismo, sino que incluye a artistas, investigadores, activistas, creadores de contenido, académicos y cualquier ciudadano que difunde ideas en el espacio público.
Segundo, porque subordina la protección al “derecho a la información”, excluyendo de facto otras formas legítimas de expresión no informativa, como el arte, la sátira, la denuncia, la memoria, la protesta, que resultan igualmente esenciales para la vida democrática.
Tercero, porque el procedimiento legislativo fue opaco y apresurado: no hubo convocatoria pública a sesiones de la Comisión de Justicia, no se abrió un parlamento abierto ni se escucharon voces expertas, a pesar de que los coordinadores parlamentarios se habían comprometido públicamente a ello.
Riesgos democráticos y uso político del derecho penal
La reforma penaliza expresiones sin requerir vínculo directo o causal entre el discurso y un hecho delictivo. Así, la sola alusión o difusión de ciertos temas puede ser considerada delictiva, con efectos inhibitorios sobre la crítica social, la denuncia política o la organización comunitaria.
En un contexto donde el discurso oficial identifica a la protesta como amenaza, esta disposición abre la puerta al uso político del derecho penal.
Advertimos que el efecto inhibidor se extiende más allá del periodismo y golpea de lleno a la ciudadanía organizada, a las juventudes, a los movimientos sociales, a quienes desde los márgenes cuestionan al poder y abonan a la pluralidad democrática.
Rechazamos el disfraz narrativo: no defendemos la criminalidad
Repudiamos el intento de camuflar esta reforma con el argumento de que busca combatir la apología del delito en los narcocorridos, pretendiendo hacer creer a la sociedad que las y los periodistas defendemos discursos que glorifican la criminalidad. Esta afirmación es falsa, ofensiva y busca desacreditar nuestras exigencias legítimas.
Como periodistas, rechazamos toda expresión que exalte la violencia, pero también afirmamos que no aceptaremos que se use ese argumento como caballo de Troya para justificar la censura. El verdadero problema no está en las canciones o los relatos, sino en la incapacidad del Estado para garantizar seguridad, educación de calidad, presupuesto para cultura y deporte, y una estrategia integral de prevención.
Cuando el gobierno es incapaz de responder con políticas públicas eficientes, recurre al manotazo de la censura y al deseo de control político sobre las ideas.
No nos prestaremos a simulaciones
En #NiUnoMás Michoacán reiteramos nuestra negativa a participar en simulaciones como la reunión exprés que se pretendía organizar tras la protesta pública. Esta reforma, tramitada en apenas dos semanas, sin discusión pública ni técnica, exige una revisión jurídica de fondo, con participación de especialistas en derecho constitucional, derechos humanos, comunicación y libertad de expresión.
Hacemos un llamado firme y abierto a la sociedad civil organizada, a colectivos, agrupaciones, gremios, académicas y académicos, artistas, defensoras de derechos humanos y a todas las personas que se sientan afectadas por esta medida, para que se sumen a esta protesta y establezcamos acciones conjuntas, jurídicas y sociales, con el fin de iniciar una lucha amplia y decidida contra esta reforma regresiva.
Nuestro compromiso: revertir el retroceso
Frente a este retroceso, los periodistas del colectivo #NiUnoMás Michoacán emprenderemos acciones legales para impugnar esta reforma por su incompatibilidad con el principio de legalidad penal, con los estándares interamericanos en materia de libertad de expresión, y con los valores constitucionales que sostienen una sociedad democrática.
Nos pronunciamos por un Estado que garantice la seguridad sin criminalizar el pensamiento ni penalizar la palabra. La libertad de expresión no es concesión del poder: es un derecho, y lo defenderemos con toda la fuerza de nuestra palabra.
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