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— Entre pancartas, consignas de “traidores” y llamados a la congruencia con los principios de la llamada Cuarta Transformación, un grupo de militantes de Morena se manifestó la mañana de este miércoles en el acceso principal del Congreso del Estado de Michoacán, en rechazo a la desincorporación de bienes del patrimonio estatal aprobada por la 76 Legislatura.
La protesta fue encabezada por simpatizantes del movimiento, entre ellos los líderes sociales Alejandro Valdez, Rogelio Raya y Francisco Zamudio, quienes dirigieron consignas contra los diputados que votaron a favor del decreto que autoriza al Ejecutivo estatal disponer de cerca de 40 inmuebles del patrimonio público.“Traidores”, “les dimos nuestro voto de confianza”, “están vendiendo a Michoacán” e “incongruentes, esos no son los principios de la Cuarta Transformación”, fueron algunas de las expresiones que los manifestantes corearon frente al recinto legislativo.
El grupo se concentró desde temprana hora en la sede del Poder Legislativo y en un momento se colocó en el acceso principal del Congreso, lo que limitó temporalmente la entrada al edificio. Pese a la tensión política, la manifestación se desarrolló de manera pacífica y sin incidentes.Alrededor de las 9:16 horas, los inconformes comenzaron a retirarse del lugar.
Antecedente de otra protesta
La movilización ocurre a una semana de otra manifestación realizada también por militantes de Morena dentro del pleno del Congreso, el pasado 4 de marzo, cuando se discutía y aprobaba el dictamen de desincorporación de bienes.En aquella ocasión participaron, entre otros, la exdiputada federal Ana Lilia Guillén y la consejera estatal Guadalupe Pichardo, quienes mostraron cartulinas con la consigna “No mentir, no robar, no traicionar”, lema central de la 4T, a manera de recordatorio para la mayoría legislativa de Morena y sus aliados que votaban a favor del decreto.
El decreto aprobado
El dictamen aprobado por el Congreso del Estado de Michoacán autoriza la desincorporación de 38 bienes del patrimonio estatal, con un valor catastral aproximado de 600 millones de pesos.De acuerdo con lo aprobado, los inmuebles podrían destinarse a distintos fines, entre ellos donaciones a instituciones públicas, transferencias a ayuntamientos o su eventual incorporación a un fideicomiso estatal.
La decisión ha generado un intenso debate político dentro y fuera del Congreso, incluso al interior del propio movimiento que llevó al poder al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.Oposición anuncia recurso legal.
En paralelo, las dirigencias estatales del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional advirtieron que recurrirán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para intentar revertir el decreto aprobado por la mayoría legislativa.
Durante la discusión del dictamen, los legisladores añadieron un artículo transitorio que establece que cualquier eventual venta de los inmuebles deberá realizarse a valor comercial. No obstante, la medida no logró disipar las críticas de sectores políticos y sociales que consideran incongruente la decisión, recordando que varios de los legisladores que hoy avalaron la desincorporación rechazaron acciones similares durante el gobierno del exmandatario Silvano Aureoles Conejo.
