La diputada Vanhe Caratachea presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Michoacán.
El Congreso de Michoacán sería el primero en el país en analizar la iniciativa.
Morelia, Michoacán, 10 de abril de 2025.– La diputada Vanhe Caratachea presentó en el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán una iniciativa que busca tipificar el delito de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de agrupaciones del crimen organizado, con el firme compromiso de legislar y lograr que el Estado tome cartas en el asunto ante un problema que lastima profundamente a la sociedad.
La legisladora local mencionó que es impensable que la niñez en México encuentre más protección en un grupo criminal que en el propio Estado, lo cual evidencia una fractura persistente en el tejido social, donde algunos adolescentes consideran esta vía como la única alternativa viable ante la falta de trabajo y oportunidades.
Por ello, la presidenta de la Comisión de Protección a la Niñez y la Adolescencia presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado de Michoacán, ya que el reclutamiento forzado, e incluso el no forzado, es una práctica cruel, violenta y sistemáticamente ignorada al no estar prevista en la normatividad vigente.
Además, Vanhe Caratachea indicó que hasta 250 mil menores en México están en riesgo de ser reclutados, y Michoacán no es la excepción, toda vez que el Código Penal del Estado no contempla de manera explícita el delito que propone. Esto impide que los responsables enfrenten las consecuencias del daño que provocan y deja en la incertidumbre legal a muchas niñas y niños que son tratados como criminales, cuando en realidad son víctimas del abandono institucional y de la violencia estructural.
La congresista expresó que la iniciativa propone penas de 10 a 15 años de prisión para quien reclute, utilice, obligue o convenza a un menor de edad para formar parte de un grupo delictivo. Asimismo, contempla agravantes cuando exista coacción, amenaza o beneficio económico. Finalizó señalando que es responsabilidad de las y los legisladores garantizar un marco jurídico que proteja a la infancia y su interés superior.
